La protección de las personas en situación de dependencia : balance y perspectivas de su régimen jurídico-político

Para afrontar el estudio analítico, doctrinal y jurídico-social de laprotección a las personas en situación de dependencia, resultaobligado partir de los orígenes, para contemplar, como los cambiossociales vienen siendo el motor impulsor de la evolución de nuestrosistema de protección social.La dependencia no constituye una situación de necesidad nueva, sinoque siempre ha habido personas con falta o pérdida de autonomíapersonal derivadas de una enfermedad, discapacidad o de unenvejecimiento poco saludable, que han necesitado la ayuda de otrapersona para desenvolverse en su vida cotidiana. Esta pérdida deindependencia se ha venido atendiendo a través de diferentesmecanismos en el marco de las políticas de protección social (elSistema de Seguridad Social, el Sistema de Salud y el Sistema deServicios Sociales) y, principalmente, en el ámbito familiar,proporcionándoles ayudas económicas, de servicios y cuidadospersonales, aunque con un carácter limitado, inespecífico einsuficiente. Lo que sí constituye una novedad, tanto cuantitativa como cualitativa, es la generalización del riesgo y, en consecuencia, la insuficienciade los mecanismos que tradicionalmente han procurado asistencia aestas personas, que es lo que motiva que parte de la doctrina loidentifique como un nuevo riesgo social . Hasta hace poco tiempo elnúmero de ancianos era reducido, y su esperanza de vida menor, sin que las eventuales situaciones de dependencia constituyeran un problemasocial porque se atendían en la esfera familiar y, muyminoritariamente, mediante la adquisición privada de los serviciosnecesarios. De ahí que el fenómeno social de la dependencia haya sidotradicionalmente descuidado y postergado en su regulación por lospoderes públicos .Es la realidad actual la que impone avanzar en el campo de laprotección jurídica y social para atender una situación de necesidad,la dependencia, que no siendo nueva, ha adquirido una especialrelevancia política, social y jurídica como consecuencia de lacombinación de diversos factores, entre los que se encuentra elprogresivo envejecimiento de la población �,a fecha de 1 deenero de 2014 había 8.438.497 personas mayores de 65 años en España,representando el 18% sobre el total de la población (47.212.990) ,cifra tan solo superada por Alemania (20,7%), Grecia (19,3%) y Suecia(18,5%) en datos relativos�,, el aumento de las enfermedadescrónicas �,por los cambios producidos en las tasas desupervivencia de determinadas enfermedades crónicas y alteracionescongénitas y, también, por las consecuencias derivadas de los índicesde siniestralidad vial y laboral�, y la crisis de los sistemastradicionales de cuidados familiares o informales �,la pérdidade estabilidad en la institución familiar con el aumento del número de separaciones y divorcios, la aparición de nuevos modelos familiares,la movilidad geográfica de la familia por motivos laborales, elretraso en la independencia de los hijos, y, especialmente, laincorporación progresiva de las mujeres al mercado detrabajo�,.Ante este contexto, debe ser el Estado social el que proporcione a sus ciudadanos una mínima seguridad frente a las situaciones de necesidad en la que puedan encontrarse, facilitándoles los medios precisos para eliminar los obstáculos que les dificultan o impiden alcanzar losobjetivos humanos de realización plena de la autonomía y laindependencia del individuo, favoreciendo la igualdad entre todos losciudadanos . La solución a esta cuestión social supone la ampliaciónde nuestro Sistema de protección social, que permita a las personascon falta de autonomía e independencia ver mejorada su situaciónsocial, desarrollar sus vidas en un ámbito global, con estrictorespeto de su autonomía personal y alcanzar una vida plenamenteindependiente y participativa, tomando ellas mismas la direccióncompleta de su propia vida .El Estado trata de dar respuesta a la intensa y creciente demanda deprotección de las personas en situación de dependencia con laaprobación de la Ley 39/2006, de 14 de Diciembre, de Promoción de laAutonomía Personal y Atención a las Personas en Situación deDependencia (BOE Núm. 299, de 15 de diciembre de 2006), que ya en suexposición de motivos advierte de la magnitud del problema social quese acota con el concepto de dependencia: «La atención a las personasen situación de dependencia constituye uno de los principales retos de la política social de los países desarrollados». Partiendo de lanoción utilizada por el Consejo de Europa, el reto consiste en atender las necesidades de aquellas «personas que, por razones ligadas a lafalta o a la pérdida de autonomía física, psíquica o intelectual,tienen necesidad de asistencia y/o ayuda importante a fin de realizarlas actividades corrientes de la vida diaria» [Recomendación núm. 98]. España ha sido de los últimos países de la Unión Europea en dar unarespuesta firme, sostenida y adaptada al actual modelo de sociedadeuropeo �,lo